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Mientras el gobierno presume la medida, las ventas de líneas piratas baten récords y los ciudadanos descubren una nueva forma de coerción burocrática

El gobierno federal celebró esta semana los avances en el registro obligatorio de líneas telefónicas como “un golpe certero contra la extorsión”. Sin embargo, datos del mercado informal revelan que la venta de chips piratas se disparó exactamente desde que la medida entró en vigor.

Un funcionario de la Agencia de Transformación Digital, que pidió no ser citado porque “todavía no registro mi propio número”, explicó la lógica: “Si obligamos a todos a dar su nombre y CURP, los delincuentes ya no podrán ocultarse. Es una extorsión… digamos… preventiva, por el bien de todos”. Según el mismo funcionario, quienes se nieguen a registrar su línea “simplemente no podrán comunicarse, que es una forma moderna de aislar al ciudadano peligroso”.

Comerciantes del mercado negro de líneas clonadas reportaron un incremento del 340 % en ventas. “Antes había que convencer a la gente. Ahora ellos mismos nos buscan desesperados”, declaró un vendedor conocido como El Chip Fantasma. “El gobierno nos está haciendo el trabajo de marketing”.

Usuarios comunes se quejan de que ahora sufren dos tipos de extorsión: la clásica, por teléfono, y la nueva, que consiste en hacer fila, presentar documentos y aceptar que el Estado sepa exactamente con quién hablan. “Me extorsionan los delincuentes y también me extorsiona el trámite”, resumió una ciudadana de la Ciudad de México.

Desde Palacio Nacional insisten en que la medida es un éxito. “Menos llamadas de extorsión con números registrados significa que los delincuentes se están pasando a líneas piratas, lo cual demuestra que la estrategia está funcionando”, concluyó el vocero. Mientras tanto, el mercado negro brinda por la “innovación regulatoria mexicana”.